Existen innumerables problemas que presentan las instancias encargadas de diseñar y operar la política migratoria en el país, que van desde un marco normativo obsoleto y amplios niveles de discrecionalidad, hasta laxos controles y mecanismos de supervisión del personal. Todo ello en conjunto abre la posibilidad de que los funcionarios encargados de operar la política migratoria realicen actos de corrupción en detrimento de la seguridad pública y nacional. El Instituto Nacional de Migración (INM), instancia encargada de gestionar los flujos migratorios en el país, así como de operar la política migratoria definida por el Estado Mexicano es identificado como una de las instancias con mayores índices de corrupción de la Administración Pública Federal, ello debido principalmente a: Ello ha generado condiciones que permiten la colusión y la corrupción de funcionarios y autoridades dedicadas a la gestión migratoria, por lo que el reto es proponer medidas encaminadas a reducir la incidencia de la corrupción por parte de los agentes migratorios del INM y con ello contribuir a cumplir con los objetivos estratégicos de dicha institución.
